En la historia de esquilmación de los bosques en la Península y Canarias se alzaron, a lo largo de los años, muchas voces e intentos de frenar su desaparición.

Abundaron las regulaciones de aprovechamiento ya iniciadas en tiempos romanos y posteriormente en disposiciones de Reyes como Recesvinto o Alfonso X “el Sabio” y que con el tiempo conllevarían la creación de cuerpos facultativos de control y gestión de los recursos: “visitadores” de La Marina, celadores, inspectores o superintendentes de montes.

Valga como ejemplo de la preocupación Real por el cuidado de los montes este fragmento de una carta de Felipe II dirigida al presidente del Consejo de Castilla en 1565:

“Una cosa he de ver acabada de tratar y es lo que toca a la conservación de los montes y aumento de ellos, que es mucho menester y creo que andan muy al cabo. Temo que los que vinieren detrás de nosotros han de tener mucha queja de que se los dejemos consumidos y plegue a Dios que no lo veamos en nuestros días[1]”.

No obstante estos esfuerzos resultaron poco fructuosos ante el avance del aprovechamiento masivo y que tuvo su momento quizás más intenso con la llegada de las Desamortizaciones en el Siglo XIX y que también influenciaron a los montes canarios.

Como respuesta a esta situación surgió una corriente social en defensa de la naturaleza, apareció el concepto de Utilidad Pública Forestal, la creación de los Catálogos de Montes exceptuados de la Desamortización, la génesis del cuerpo de Ingenieros de Montes y los Distritos Forestales,  la primera Ley de Montes (1863) o las primeras Instrucciones de Ordenación(1890).

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[1] Tomado de Alcanda, P. 2000. Evolución de la profesión forestal y el concepto de gestión forestal sostenible – Referencias históricas. Ponencia presentada en el Seminario de Política y Sociología Rural. Delegación de Alumnos. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Universidad Politécnica de Madrid. 27 y 28 de Marzo de 2000